Contrario al consabido prohibicionismo y represión armada, existen algunas iniciativas mucho más prometedoras para debilitar al narcotráfico en nuestro país. Ejemplo de ello son el proyecto de Ley de Registro de Accionistas y el Proyecto de Legalización de la Marihuana Medicinal, así como el controvertido Proyecto de Ley de extinción de Dominio.

¿Cómo beneficiarían dichas iniciativas en el combate al narcotráfico?

La creación de un "Registro de Accionistas" facilitaría enormemente a la Administración Tributaria las labores de control de las famosas sociedades anónimas por medio del cruce masivo de datos, con lo que sería más fácil detectar la evasión de impuestos.

¿Cómo?

Exigiendo que las sociedades anónimas declaren periódicamente su fecha de constitución, quiénes son sus accionistas incluyendo nombre, número de identificación, sean personas físicas o jurídicas, cantidad de acciones que poseen y su valor total nominal en colones. Además, deberán identificar si son valores negociados por medio de la Bolsa Nacional de Valores, fecha de adquisición y el porcentaje de participación de cada uno de los socios. Pero no sólo se trata de evasión fiscal: cualquier actividad ilegal para las que sean usadas las sociedades anónimas sería más identificable, por lo que también se podría seguir el rastro de capitales provenientes del lavado de dinero del narcotráfico. De esta manera, no sólo se podría poner orden a la maraña de sociedades anónimas utilizadas por los defraudadores del fisco, contrabandistas de armas y extorsionadores (evidenciados, por ejemplo, en los Panama Papers), sino que también, al detectar y hacer visible el patrimonio mal habido de los narcos, se les podría golpear justo dónde se les daña realmente: en sus finanzas. Por suerte ya han habido avances con este proyecto: recibió aprobación en primer debate en la Asamblea Legislativa y luego, al ser sometido ante la Sala Constitucional, ésta consideró que el proyecto de ley no contiene vicios de procedimiento ni de fondo.

La funcionalidad de la ley citada se correspondería directamente con la de la Ley de Extinción de Dominio. La Sala Constitucional ya ha establecido que despojar de bienes adquiridos con dinero ilícito a sus propietarios es posible, aún sin una condena penal de por medio. Claramente esta ley debería redactarse con sumo cuidado pues podría prestarse para que, en el contexto de una persecución política o económica, una persona pueda ser despojada de sus bienes adquiridos honradamente, basándose en acusaciones falsas. Aunque espinosa y de mucho cuidado en su implementación, esta iniciativa, si fuera bien ideada, permitiría que los bienes derivados de la actividad del tráfico de drogas le sean arrebatados a los narcotraficantes y puestos efectivamente a disposición del Estado para financiar infinidad de proyectos de bienestar social y de progreso para el país. Es cuestión de debatirla e idearla inteligentemente, no sólo desde la Asamblea Legislativa, sino también con la cooperación de múltiples actores sociales.

Por último, la legalización de la marihuana supondría un fuerte golpe en los ingresos del narcotráfico. En algunos países se ha estimado que los cárteles verían reducidas sus ganancias hasta en un 30% si la marihuana se legalizara para su uso recreativo.

¿Por qué?

La razón es simple: la marihuana es una planta más, cuyo mantenimiento al aire libre es barato y que cualquier hijo de vecino puede sembrar. Cualquier patio de casa puede albergar fácilmente 20 matas de marihuana, con la ventaja adicional de su alta producción. Producirla es rentable, fácil y rápido. Las demás drogas, en cambio, suponen una elevada inversión para su producción, una mayor dificultad para obtener sus materias primas y, en consecuencia, una mercado de compradores más reducido dado que, al ser sus costos de producción mayores, éstos se trasladan finalmente al comprador. Un laboratorio de metanfetaminas, éxtasis o cocaína es caro de equipar y de ocultar y no cualquiera tiene los conocimientos técnicos necesarios para producir dichas drogas.

Si la marihuana se legaliza recreacionalmente los usuarios tendrán que escoger entre sembrar en la tranquilidad de su patio un par de matas de cannabis, sin agroquímicos ni adulterantes, o bien, arriesgarse en un barrio delictivo para comprar marihuana cara y de mala calidad a tipos peligrosos. La elección sería obvia.

¿Acaso no seguirá el narcotráfico negociando con otras drogas?

La respuesta es sí, pero también es cierto que sus mayores y más fáciles ganancias disminuirán. Podrá argumentarse también que lo que está actualmente en discusión es la legalización de la marihuana medicinal, no la recreacional pero, al menos, la legalización de la primera es un primer paso para causar una predisposición positiva en la consciencia de la ciudadanía y lograr legalizarla para su uso recreativo posteriormente (hay que ir pasito a pasito).

Con el narco debilitado económicamente en esos tres frentes, sólo resta una fuerte arremetida educacional para poner al narcotráfico definitivamente en jaque. Una sociedad altamente educada, con adecuado acceso al empleo y al desarrollo comunitario e individual se vuelve altamente inmune al tráfico de drogas (ejemplo de ello son los países escandinavos).

La persecución del tráfico de drogas como la conocemos hoy en día se volvería meramente complementaria y, al enfrentarse a un enemigo con menos poderío económico sería también, por primera vez, exitosa.

Después de tomar en cuenta este análisis, uno puede saber cuándo un diputado no se ha sentado seriamente y sin prejuicios a analizar cuáles herramientas son útiles para debilitar al narcotráfico en Costa Rica. Es tan fácil como poner atención a las soluciones que propone a dicha problemática, pero también, cuáles son los proyectos de ley a los que se opone. Lo único que se les ocurre proponer desde el Ejecutivo y desde el Congreso es más intervención de la Marina estadounidense en Costa Rica para la captura de drogas, así como un prohibicionismo más fuerte y de mano dura, a través de más policías, más armas y más patrullas, como si en 30 años esa táctica hubiese servido para algo. Al narco no se le mata con pistolas, se le mata evitando que pueda comprarlas, se le mata desfinanciándolo.

Para rematar, algunos diputados se muestran supuestamente preocupados por el aumento de homicidios por drogas en el país o por el inmenso caudal de recursos (pistas de aterrizaje, avionetas, helicópteros) de que disponen los señores de la droga pero, paradójicamente, los ve uno opuestos a uno (o a varios) de los proyectos citados.

En resumen: el narcotráfico, como casi todos los problemas del país, también es un problema político. Precisamente por eso, es innegable que la demagogia, la ignorancia y la falta de capacidad propositiva de nuestros políticos también es cómplice de todas las atrocidades que éste flagelo le causa al país. De ahí radica nuestra responsabilidad como ciudadanos de informarnos mejor antes de otorgar nuestros próximos votos, para hacerlo de una forma más madura y consciente.